He leído que un dominio .es o .com se transmite en el mercado secundario por un valor medio de 1.700,00 €.
Y me pregunto… ¿Es correcto que exista un mercado secundario de nombres de dominio? ¿Qué aportan al mercado quienes compran nombres de dominio para revenderlos? Y… ¿es eso suficiente para diferenciarlos de los “meros” ciberocupas? De hecho, ¿existe alguna diferencia? O… ¿qué les diferencia de quien ha usado un dominio legítimamente y pasado un tiempo lo quiere transmitir a un tercero? ¿Se debería discriminar unos casos de otros atendiendo al ánimo del vendedor cuando lo adquirió? ¿Merecen un tratamiento distinto al de los ciberocupas quienes ponen a disposición del mercado una plataforma de intermediación para la compraventa y subasta de nombres de domnio? ¿Es legítimo lucrarse con la venta de nombres de dominio cuando se trata de un recurso tan escaso? Son muchas las cuestiones que se nos plantean en torno a este tema y cada uno tendrá su opinión.
Personalmente, me opongo a todo lo que sea regular por regular. Me parece una manía muy fea. El mercado no es tonto y los principios generales del Derecho son aplicables (A este propósito, ¡cuán poco han cambiado las relaciones humanas en miles de años! Salvo por la tecnología…).
Sin embargo, en el caso del mercado secundario de nombres de dominio, no tengo tan claro que una nueva regulación (internacional) no sea necesaria. Cuando menos, hace falta abrir un debate en torno a este tema para arrojar un poco de luz sobre el mismo.
Y es que la línea que separa este tráfico legal (en principio, en derecho privado, lo que no está prohibido, está permitido) de la mera ciberocupación (cybersquatting o domain squatting), que está prohibida, es muy fina. De hecho, en la mayoría de los casos, yo no la veo.
Y ese es el principal argumento para defender que precisamos una nueva regulación: definir la línea. Pero, para ello, antes hay que celebrar ese debate y tener claro qué queremos como sociedad.
Aproveho para introducir mi tradicional puntilla: no más normas de bombo y platillo, que las normas no se deberían dictan para que los políticos se pongan medallas que parece que nos venden las leyes al peso, como si fuesen mero papel o cartón.