La necesidad de otorgar capitulaciones matrimoniales se advierte con claridad si tenemos en cuenta que su firma permitirá al empresario, en las relaciones con su pareja, separar las cuestiones afectivas de las económicas. Estas últimas estarán contempladas y resueltas, al menos en sus aspectos fundamentales, en las capitulaciones matrimoniales firmadas.
Si la familia empresaria cuenta con un Protocolo Familiar se conseguirá, además, que la firma de capitulaciones no se entienda como un deseo personal del empresario, sino como lo que es: una decisión que le viene impuesta “desde fuera” por dicho documento, puesto que en el Protocolo Familiar se suele establecer la “obligatoriedad” de que los miembros de la familia otorguen capitulaciones matrimoniales (estableciendo el régimen de separación de bienes, normalmente). El otorgamiento de capitulaciones, por tanto, será algo objetivo y fuera del alcance del poder de decisión del empresario. Desde el punto de vista de los hijos del empresario que aún no hayan accedido a la propiedad de la empresa, la necesidad de la firma de capitulaciones será más evidente, ya que también es habitual incluir en el Protocolo Familiar una cláusula que condiciona el acceso de los sucesores al accionariado de la empresa al hecho de que, previamente, hayan firmado capitulaciones pactando separación de bienes.
Por último, y si no fuera posible firmar un pacto capitular separando bienes, en capitulaciones se debe regular, al menos, el destino de la empresa en caso de conflicto matrimonial o de fallecimiento de cualquiera de los cónyuges. La finalidad sigue siendo tomar las prevenciones necesarias de cara al mantenimiento y continuidad de la empresa dentro del ámbito familiar, evitando la presencia de personas ajenas a la familia en su accionariado. Es decir, se trata de evitar que, en tales casos, acceda a la propiedad de la empresa el ex cónyuge del empresario ya que, de producirse tal situación, y al margen de consideraciones económicas, son muchas las posibilidades de que las relaciones personales se compliquen y la Junta y el Consejo de la empresa se conviertan en foro de discusión de problemas familiares. Las consecuencias, está claro, las paga la empresa.
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